En un escenario que parece sacado de una novela policial, la consultora Qualy desveló que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 habría alcanzado el 344,3% si hubiera sido aplicada la actualización metodológica que el Gobierno postergó en enero.

Esta cifra es 15,5 puntos porcentuales mayor que la medición oficial del Indec, que registró un 328,8%. Un desafío a la autoridad del organismo oficial, que ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por su falta de transparencia y su metodología sospechosa.

Según expertos, la diferencia en la medición se debe a la mayor ponderación de los rubros de tarifas de servicios, transporte y energía en la actualización metodológica. Un ajuste que, sin duda, revela la incapacidad del Gobierno para enfrentar la realidad económica del país.

El presidente de la consultora Qualy, Alejandro Fernández, aseguró que el objetivo de la empresa es ‘despertar a la sociedad’ y hacer que los ciudadanos se den cuenta de la verdadera situación económica en la que se encuentran. ‘No queremos que la gente se desespere, sino que se organice y se prepare para lo que viene’, enfatizó.

La decisión del Gobierno de postergar la actualización metodológica ha sido criticada por gremios y sectores empresariales, que argumentan que se trata de una maniobra para ocultar la verdadera magnitud de la inflación y mantener una ilusión de estabilidad.

En este sentido, la consultora Qualy ha sido acusada de ‘politizar’ la información económica. Sin embargo, Fernández aseguró que su objetivo es ‘informar a la sociedad’ y no ‘vender una agenda política’. ‘Queremos que la gente sepa la verdad, sin condicionamientos ni intereses ocultos’, enfatizó.

La pregunta es, ¿qué pasará si la consulta del Indec es cuestionada por la comunidad internacional? ¿Qué impacto tendrá en la economía y en la estabilidad política del país? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: la veracidad de la información es fundamental para la toma de decisiones y la confianza en las instituciones.

En este sentido, la consultora Qualy ha desempeñado un papel importante en la sociedad, al cuestionar la autoridad del Indec y obligar a la sociedad a reflexionar sobre la verdadera situación económica en la que se encuentra.

La UOCRA calificó la situación como ‘tragedia laboral’ y denunció una deuda millonaria de Vialidad Nacional con la empresa constructora, que decidió paralizar la obra y despedir a 180 obreros.

Según la fuente, la empresa constructora se vio obligada a tomar esta medida debido a la falta de pago de la obra por parte de Vialidad Nacional, lo que generó una deuda de más de 100 millones de pesos.

La UOCRA se encuentra en estado de alerta y movilización, mientras se espera una respuesta del Gobierno nacional a esta situación.

‘Es una tragedia laboral que afecta a 180 familias’, dijo la fuente de la UOCRA. ‘La empresa constructora no puede seguir pagando a los obreros si no recibe el pago de la obra de Vialidad Nacional.’

La paralización de la obra de la Ruta Nacional 34 es solo el ejemplo de una situación más generalizada en la que las empresas constructoras se ven obligadas a paralizar obras debido a la falta de pago de los gobiernos provinciales y nacionales.

La UOCRA ha estado trabajando para encontrar una solución a esta situación y ha pedido al Gobierno nacional que tome medidas para evitar que se produzcan más despidos en la industria de la construcción.

Mientras tanto, la situación en Jujuy sigue sin resolver y la UOCRA continúa en estado de alerta y movilización para apoyar a los obreros afectados.

“Nuestro problema no es el convenio colectivo, sino la industria del incumplimiento por parte del Gobierno. Tiene que quedar claro que no nos oponemos a discutir modificaciones en el empleo público si las mismas son para mejorar las condiciones laborales actuales. Lo que no vamos a aceptar es ninguna discusión que esté orientada a quitarle […]