El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó ayer el plan de privatizaciones más ambicioso desde la crisis del 2001, con la venta de activos públicos por u$S 1.500 millones.

Según fuentes del gobierno, la lista de activos que se buscarán vender incluye la transportadora eléctrica Transener, AySA, las termoeléctricas ‘General San Martín’ y ‘Manuel Belgrano’, represas hidroeléctricas y más.

El plan de Caputo busca seguir el discurso de sostener pagos de deuda sin emitir, vendiendo buena parte de la soberanía energética del país.

La medida ha generado una gran polémica en el medio gremial, ya que muchos consideran que se está vendiendo la patrimonio nacional.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica, Guillermo Pereyra, aseguró que ‘no hay forma de que la gente acepte esto, es un ataque a la soberanía energética del país’.

Por su parte, el sindicato de trabajadores de Transener, José María D’Alessandro, manifestó que ‘no vamos a permitir que se vendan nuestros activos sin que se nos consulte a los trabajadores’.

La privatización de los activos públicos se suma a la ya anunciada venta de la empresa de gas y petróleo, YPF.

El gobierno asegura que la venta de estos activos permitirá pagar parte de la deuda externa del país, que alcanza los u$S 285.000 millones.

Pero muchos expertos consideran que esta medida no es suficiente para pagar la deuda y que en realidad se está vendiendo la patrimonio nacional para satisfacer los intereses de los acreedores externos.

La Asociación de Bancos Argentinos (ABA) se pronunció en contra de la medida, asegurando que ‘no hay una justificación clara para la venta de estos activos, que son fundamentales para la soberanía energética del país’.

La oposición también se manifestó en contra de la medida, con el jefe del bloque radical, Ricardo Alfonsín, asegurando que ‘esto es un ataque a la soberanía del país y a los intereses de los argentinos’.

La medida ha generado una gran polémica en el medio gremial y político, y se espera que en los próximos días se profundice el debate sobre la privatización de los activos públicos.

Tras el pase a octavos de final del Mundial, un grupo de personas salió a festejar y se registraron incidentes en la zona céntrica.

La justicia de Cutral Có se puso del lado de un trabajador con hipoacusia que fue despedido por su empleador con desprecio por su discapacidad auditiva.

La empresa, que ya había recibido sanciones previas por discriminar a sus empleados, no se detuvo a comunicarlas de manera clara, lo que llevó al trabajador a no entender la gravedad de la situación.

El juez de Cutral Có, tras analizar el caso, declaró incausado el despido del trabajador y condenó a la empresa por discriminarlo, estableciendo que el fallo debe ser comunicado en lenguaje de señas.

Se trata de una sentencia histórica, ya que es el primer caso en el que la justicia ordena que un fallo sea comunicado en lenguaje de señas, un paso importante hacia la inclusión y la igualdad para las personas con discapacidad auditiva.

La sentencia también destaca la importancia de la comunicación clara y efectiva en el lugar de trabajo, especialmente para aquellos que tienen discapacidades auditivas.

El caso del trabajador con hipoacusia es un ejemplo de cómo la discriminación puede manifestarse en diferentes formas, y cómo la justicia puede ser un aliado para los trabajadores que enfrentan situaciones injustas.

La Asociación de Trabajadores con Discapacidad Auditiva de la provincia se mostró satisfecha con el fallo y destacó la importancia de la sentencia en la lucha por la igualdad y la inclusión.

‘Este caso es un ejemplo de cómo la discriminación puede manifestarse en diferentes formas, y cómo la justicia puede ser un aliado para los trabajadores que enfrentan situaciones injustas’, dijo la presidenta de la asociación.

El caso también resalta la importancia de la capacitación y formación de los empleadores y empleados sobre la discapacidad auditiva y cómo abordarla de manera efectiva en el lugar de trabajo.