La Administración Regulatoria de la Comunicación Audiovisual (ARCA) dio un paso importante al reglamentar el procedimiento para que las empresas puedan adherirse al Registro de Información Mínima de Identificación (RIMI), pero expertos advierten que aún hay mucho trabajo por hacer.

Según fuentes gubernamentales, la resolución busca facilitar la aplicación del RIMI, que es una herramienta clave para la lucha contra la evasión fiscal y la lavado de dinero. Sin embargo, expertos en la materia plantean que si bien la resolución es un avance, aún no es posible que las empresas puedan adherirse formalmente debido a tres aspectos fundamentales sin resolver.

Entre ellos se encuentran la definición de la información mínima que se debe incluir en el registro, la forma en que se deberá cumplir con los requisitos de verificación y la creación de un mecanismo de seguimiento y control efectivo. ‘Estos temas son fundamentales para que el RIMI sea efectivo y no se convierta en un papel mojado’, afirmó un experto entrevistado.

La falta de claridad en estos aspectos ha generado incertidumbre entre las empresas, que temen verse atrapadas en un proceso burocrático complejo y costoso. ‘La resolución es un paso en la dirección correcta, pero aún falta mucho por hacer’, sentenció otro experto en la materia.

La ARCA ha establecido un plazo para que las empresas puedan adherirse al RIMI, pero expertos advierten que es importante que se trabaje en la resolución de estas cuestiones pendientes para evitar que el proceso se convierta en un obstáculo para la aplicación efectiva del RIMI.

La aplicación del RIMI es un tema de gran relevancia para la economía argentina, ya que permite a las empresas evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero. La falta de claridad en la letra chica puede generar problemas para la implementación efectiva de la herramienta.

La ARCA ha señalado que el objetivo es facilitar la aplicación del RIMI y evitar la burocracia excesiva. Sin embargo, expertos advierten que la falta de claridad en la letra chica puede generar problemas para la implementación efectiva de la herramienta.

La resolución del gobierno busca impulsar la aplicación del RIMI, pero expertos señalan que aún hay mucho trabajo por hacer para que las empresas puedan adherirse formalmente.

En un escenario de precios internacionales récord y una demanda insaciable desde los mercados de Estados Unidos y China, las exportaciones de carne vacuna de la provincia se dispararon en el arranque de 2026.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, las ventas externas de carne bovina crecieron más de 17% en volumen durante el primer trimestre del año, superando los u$s1.000 millones en el primer semestre.

Este crecimiento significativo en las exportaciones de carne vacuna se debe en gran medida a la situación de los mercados internacionales, donde los precios de la carne bovina han alcanzado niveles récord en los últimos meses.

La fuerte demanda desde Estados Unidos y China ha sido un factor clave en el crecimiento de las exportaciones de carne vacuna de la provincia, que se han convertido en un importante sector económico en la región.

Según fuentes del sector, el crecimiento de las exportaciones de carne vacuna en el primer trimestre del año se mantendrá en el segundo semestre, lo que podría llevar a un nuevo récord en las ventas externas de carne bovina de la provincia.

Este crecimiento no solo beneficia a los productores locales, sino que también genera empleos y dinamiza la economía provincial, lo que es fundamental para el crecimiento económico sostenible de la región.

La canasta de servicios públicos es un índice que mide el costo de los servicios básicos que utilizan los ciudadanos, como agua, electricidad, gas, transporte y comunicaciones.

Según un informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la canasta de servicios públicos aumentó un 17,5% en mayo y ya supera en 50% los valores de hace un año.

El transporte concentra el mayor peso sobre los ingresos de los ciudadanos, y las tarifas no cubren apenas el 58% de los costos reales. Esto significa que el transporte público es uno de los servicios que más lastima a los bolsillos de la gente.

Según el informe, en mayo, el transporte urbano aumentó en un 24,5%, mientras que la canasta de servicios públicos en general creció en un 17,5%. Esto se traduce en que el transporte público representa el 60% de la canasta de servicios públicos.

Los economistas señalan que la principal causa de este aumento es la inflación, que ha sido muy alta en los últimos meses. La inflación en mayo fue del 7,2%, lo que significa que el poder adquisitivo de la moneda se redujo significativamente.

Otra causa importante es la falta de inversión en la infraestructura de los servicios públicos. Los gobiernos han reducido la inversión en este área, lo que ha llevado a aumentos en los precios de los servicios.

La situación es especialmente grave en el caso del transporte público. El 60% de la canasta de servicios públicos se concentra en este servicio, y las tarifas no cubren apenas el 58% de los costos reales. Esto significa que el transporte público es uno de los servicios que más lastima a los bolsillos de la gente.

Los expertos advierten que si no se toman medidas para controlar la inflación y aumentar la inversión en la infraestructura de los servicios públicos, la situación podrá empeorar. Es fundamental que el gobierno tome medidas para proteger a los ciudadanos de la crisis económica y garantizar que puedan acceder a los servicios básicos de manera económica.

En conclusión, la canasta de servicios públicos es un indicador importante que refleja la situación económica de la ciudadanía. El aumento de la canasta de servicios públicos en un 17,5% en mayo y la superación en 50% de los valores de hace un año, son señales de alarma que deben ser atendidas de inmediato por el gobierno.

Es importante que los ciudadanos se unan para exigir que se tomen medidas para controlar la inflación y aumentar la inversión en la infraestructura de los servicios públicos. De esta manera, se puede garantizar que los servicios básicos sean accesibles y asequibles para todos.