En un gesto de rebeldía y defensa de los derechos de los trabajadores, la delegación Capital de la Unión Empresaria de Profesionales de la Educación de Córdoba (UEPC) presentó una denuncia penal contra el gobernador Martín Llaryora, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de Policía.

La medida se tomó en respuesta a la represión, la infiltración y el espionaje ilegal que han sufrido los miembros del gremio docente a manos de la autoridad provincial.

Según fuentes de la UEPC, la infiltración ilegal ha sido una constante en los últimos meses, con agentes policiales disfrazados de docentes que han participado en reuniones y actividades del gremio.

La denuncia penal busca que se investigue el accionar policial y la responsabilidad de los funcionarios en el operativo desplegado contra los docentes.

La UEPC ha destacado que la represión y la infiltración ilegal son una clara violación de los derechos de los trabajadores y una amenaza para la libertad de asociación y la defensa de los intereses de los docentes.

En este sentido, la organización ha llamado a la comunidad educativa y a la sociedad en general a solidarizarse con los docentes y a exigir responsabilidades a los funcionarios involucrados.

La UEPC también ha destacado que la denuncia penal es un paso importante en la lucha por la defensa de los derechos de los docentes y la protección de la libertad sindical.

En la provincia de Buenos Aires, especialmente en la zona oeste del conurbano bonaerense, donde hay una fuerte presencia de trabajadores docentes, se espera que esta medida tenga un impacto significativo en la política provincial y en la relación entre el gobierno y los sindicatos.

La UEPC ha sido una de las organizaciones más activas en la defensa de los derechos de los docentes en la provincia de Córdoba y su denuncia penal contra el gobernador Llaryora y los funcionarios involucrados es un claro ejemplo de su compromiso con la lucha por la justicia y la igualdad.

El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó la decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que restablece los efectos de la reforma laboral y llamó a la «desobediencia» en el movimiento obrero. El dirigente denunció que la Justicia responde a los intereses del poder económico.
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En la ciudad de São Paulo, el secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales de las Américas (CONTRAM-ISP), Hernán Doval, encabezó junto a otros líderes sindicales de la región la decimosexta reunión del Consejo Directivo de Municipales de las Américas.

La reunión, que contó con la participación de representantes de nueve países, tuvo como objetivo establecer la hoja de ruta regional para el próximo período 2026/2027. Un plan que busca fortalecer la articulación y coordinación entre las organizaciones sindicales de la región, a fin de potenciar la defensa de los derechos y intereses de los trabajadores municipales.

Cabe destacar que la reunión también abordó temas como la lucha contra la precariedad laboral, la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores en la región. Además, se discutió la creación de un fondo de solidaridad para apoyar a los trabajadores municipales que enfrentan dificultades económicas.

Para Hernán Doval, la reunión fue un éxito y un paso importante hacia la unificación de las fuerzas sindicales de la región. ‘La unión y la solidaridad son fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores municipales’, afirmó el secretario general de la Confederación de Municipales CONTRAM-ISP.

La reunión en São Paulo también contó con la participación de representantes de organizaciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que expusieron sobre la situación laboral en la región y las oportunidades de cooperación y apoyo para los trabajadores municipales.

En este contexto, la reunión del Consejo Directivo de Municipales de las Américas en São Paulo se enmarca en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores municipales en la región. Un esfuerzo que busca fortalecer la articulación y coordinación entre las organizaciones sindicales y potenciar la defensa de los intereses de los trabajadores.