Tras conocerse el fallo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó el cierre definitivo de los sumarios efectuados por las autoridades del hospital pediátrico Garrahan a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta por mejores salarios y en contra del vaciamiento del organismo.

Este lunes, ATE informó que la Justicia Penal que llevaba adelante la causa contra trabajadores del Garrahan había dictado un fallo favorable a la asociación gremial. Según se conoció, la justicia consideró que la protesta de los empleados estatales no constituía un delito, sino un ejercicio legítimo de su derecho a la huelga y a la protesta.

La decisión judicial es un triunfo para la asociación gremial de empleados estatales, que luchan por mejores salarios y contra el vaciamiento del organismo. Según fuentes de ATE, la asociación ha denunciado que el gobierno provincial ha intentado silenciar a los trabajadores del Garrahan mediante la instrucción de sumarios y la imposición de sanciones.

El secretario general de ATE, Pablo Moyano, destacó la importancia de la decisión judicial y aseguró que la asociación seguirá luchando por los derechos de los empleados estatales. ‘Esta victoria es un paso importante hacia la defensa de los derechos de los trabajadores del Garrahan y de toda la clase trabajadora’, dijo Moyano en un comunicado.

La causa contra los trabajadores del Garrahan fue iniciada en el 2022, tras una serie de protestas y huelgas en el hospital pediátrico. La asociación gremial había denunciado que el gobierno provincial había intentado imponer un nuevo plan de trabajo que reduciría la planta laboral y aumentaría la carga de trabajo para los empleados estatales.

La decisión judicial es un golpe para el gobierno provincial, que había intentado silenciar a los trabajadores del Garrahan mediante la instrucción de sumarios y la imposición de sanciones. La asociación gremial ha asegurado que seguirá luchando por los derechos de los empleados estatales y contra el vaciamiento del organismo.

La noticia se desplomó como un martillo en el pequeño pueblo de Eldorado, en el corazón de la provincia. La fábrica de calzado Dass, que una vez fue el pulmón económico de la zona, cerrará definitivamente el próximo 17 de julio, dejando a sus últimos 150 trabajadores en la calle sin empleo.

La empresa, que en 2015 llegó a contratar a 1500 empleados, ha estado pasando por tiempos difíciles en los últimos años. La caída de la actividad en la industria del calzado y la competencia desleal de las marcas internacionales han sido algunos de los factores que han contribuido a la crisis de la empresa.

El cierre de la fábrica es un golpe duro para la comunidad de Eldorado, que se ha visto afectada de manera significativa por la pérdida de empleos. Muchos de los trabajadores que perdieron sus puestos están en la mediana edad y tienen dificultades para encontrar nuevos empleos en la zona.

La empresa comunicó la noticia de la decisión de cierre a sus trabajadores este lunes, sin ofrecer detalles sobre qué pasará con los empleados que quedan en la planta. Es probable que muchos de ellos se vean obligados a buscar trabajo en otras partes del país, lo que puede generar un impacto adicional en la economía local.

El cierre de la fábrica de calzado Dass es solo uno de los muchos casos de empresas que han cerrado sus puertas en la provincia en los últimos años. La crisis económica y la falta de políticas para apoyar a las empresas han contribuido a la situación.

Es importante que las autoridades locales y provinciales se unan para encontrar soluciones para apoyar a los trabajadores que quedan sin empleo y a las empresas que están pasando por dificultades. La creación de empleos y la promoción de la industria local son clave para el crecimiento económico de la zona.

Mientras tanto, los trabajadores de la fábrica de calzado Dass se ven obligados a enfrentar un futuro incierto y a buscar nuevas oportunidades. Es un recordatorio de la importancia de la protección de los trabajadores y la promoción de la economía local.

La comunidad de Eldorado se une para apoyar a los trabajadores afectados y a buscar soluciones para la crisis económica en la zona. Es un llamado a la acción para las autoridades y las empresas para encontrar soluciones para el crecimiento económico de la región.

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó ayer el plan de privatizaciones más ambicioso desde la crisis del 2001, con la venta de activos públicos por u$S 1.500 millones.

Según fuentes del gobierno, la lista de activos que se buscarán vender incluye la transportadora eléctrica Transener, AySA, las termoeléctricas ‘General San Martín’ y ‘Manuel Belgrano’, represas hidroeléctricas y más.

El plan de Caputo busca seguir el discurso de sostener pagos de deuda sin emitir, vendiendo buena parte de la soberanía energética del país.

La medida ha generado una gran polémica en el medio gremial, ya que muchos consideran que se está vendiendo la patrimonio nacional.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica, Guillermo Pereyra, aseguró que ‘no hay forma de que la gente acepte esto, es un ataque a la soberanía energética del país’.

Por su parte, el sindicato de trabajadores de Transener, José María D’Alessandro, manifestó que ‘no vamos a permitir que se vendan nuestros activos sin que se nos consulte a los trabajadores’.

La privatización de los activos públicos se suma a la ya anunciada venta de la empresa de gas y petróleo, YPF.

El gobierno asegura que la venta de estos activos permitirá pagar parte de la deuda externa del país, que alcanza los u$S 285.000 millones.

Pero muchos expertos consideran que esta medida no es suficiente para pagar la deuda y que en realidad se está vendiendo la patrimonio nacional para satisfacer los intereses de los acreedores externos.

La Asociación de Bancos Argentinos (ABA) se pronunció en contra de la medida, asegurando que ‘no hay una justificación clara para la venta de estos activos, que son fundamentales para la soberanía energética del país’.

La oposición también se manifestó en contra de la medida, con el jefe del bloque radical, Ricardo Alfonsín, asegurando que ‘esto es un ataque a la soberanía del país y a los intereses de los argentinos’.

La medida ha generado una gran polémica en el medio gremial y político, y se espera que en los próximos días se profundice el debate sobre la privatización de los activos públicos.