En un gesto de rebeldía y defensa de los derechos de los trabajadores, la delegación Capital de la Unión Empresaria de Profesionales de la Educación de Córdoba (UEPC) presentó una denuncia penal contra el gobernador Martín Llaryora, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de Policía.
La medida se tomó en respuesta a la represión, la infiltración y el espionaje ilegal que han sufrido los miembros del gremio docente a manos de la autoridad provincial.
Según fuentes de la UEPC, la infiltración ilegal ha sido una constante en los últimos meses, con agentes policiales disfrazados de docentes que han participado en reuniones y actividades del gremio.
La denuncia penal busca que se investigue el accionar policial y la responsabilidad de los funcionarios en el operativo desplegado contra los docentes.
La UEPC ha destacado que la represión y la infiltración ilegal son una clara violación de los derechos de los trabajadores y una amenaza para la libertad de asociación y la defensa de los intereses de los docentes.
En este sentido, la organización ha llamado a la comunidad educativa y a la sociedad en general a solidarizarse con los docentes y a exigir responsabilidades a los funcionarios involucrados.
La UEPC también ha destacado que la denuncia penal es un paso importante en la lucha por la defensa de los derechos de los docentes y la protección de la libertad sindical.
En la provincia de Buenos Aires, especialmente en la zona oeste del conurbano bonaerense, donde hay una fuerte presencia de trabajadores docentes, se espera que esta medida tenga un impacto significativo en la política provincial y en la relación entre el gobierno y los sindicatos.
La UEPC ha sido una de las organizaciones más activas en la defensa de los derechos de los docentes en la provincia de Córdoba y su denuncia penal contra el gobernador Llaryora y los funcionarios involucrados es un claro ejemplo de su compromiso con la lucha por la justicia y la igualdad.
